La RIAA (equivalente estadounidense de la SGAE) demanda a una usuaria y esta, ni corta ni perezosa, emprende acciones legales contra ellos. La demandante considera que los datos de direcciones IP recopilados por MediaSentry por encargo de la RIAA y que sirvieron para iniciar la campaña de acoso judicial contra particulares pueden contener errores que pueden haber llevado a acusar de forma errónea a unas 8.000 personas. 5 millones de dólares es lo que pide... a ver si aprenden.
