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El Gobierno de Brasil tiene previsto a corto plazo enviar al Congreso una ley que restringe el acceso a los visitantes de la Amazonia. De aprobarse la ley, lo que es bastante probable dado que la impulsan de forma conjunta los ministerios de Justicia y Defensa y la apoya el Ejército, todos los trabajadores de ONG, los grupos de turistas o cualquier otro tipo de visita al pulmón del planeta requerirá un permiso oficial. Para quien acceda sin autorización se prevén multas de hasta 40.000 euros.

La ley que prevé sacar adelante el Gobierno restringiría la entrada de extranjeros en un área de entre cinco y siete millones de kilómetros cuadrados que incluyen a ciudades tan turísticas como Manaos. La norma, en realidad, es una extensión de una en vigor que exige un permiso a los no indígenas para entrar a un territorio indio. Lo que el Gobierno de Lula pretende hacer ahora se intentó de forma parecida en los años setenta, durante la dictadura militar brasileña, pero fue imposible aplicar los controles. No obstante, el actual Ejecutivo confía en que los avances tecnológicos en sistemas de vigilancia harán posible la tarea.

Una de las ONG más afectadas por la nueva norma será sin duda Greenpeace, muy activa en la Amazonia contra la actividad de los madereros y los agricultores. Los pocos expertos que han comentado la nueva legislación en los medios brasileños creen que será perjudicial para la investigación médica y también para la protección de la selva de la deforestación.