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Las viviendas de protección oficial se pagan en parte con los impuestos de todos. Por ello aquellos que luego la venden están ganando un dinero que no les pertenece y haciendo un flaco favor a aquellos que no tienen fácil acceso a la vivienda.

Para las VPO construidas después de 2002 en el País Vasco ya no es posible venderlas a precio de mercado. Los compradores deben venderla a su precio máximo legal autorizado y a la hacienda vasca.

Sin embargo el resto de VPOs en el País Vasco aun pueden ser fruto de especulación por lo que el gobierno vasco va investigar los datos de escrituras y consumos de agua, etc del total de viviendas de protección oficial existentes allí, 50.000. Por lo pronto ha realizado 20.000 investigaciones resolviendo que en un 10% se han vendido o utilizado de manera fraudulenta. Se han desechado los casos dudosos o aquellos que no se podían demostrar.

Se trata de un proceso delicado que debe tener en cuenta situaciones como divorcios y otras circunstancias. Pero un procedimiento necesario y ejemplificador de lo que se debe hacer con un bien de primera necesidad con el que no se debe especular.

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La medida quiere aprobarse antes de las próximas elecciones y consistirá en grabar el impuesto de matriculación que creo ronda unos 50 euros. Esto afectará a los que compren un coche nuevo o de segunda mano. Si esto es así es una medida bastante corta para lo que quiere paliar.

Reducir la compra de coches de alta cilindrada subiendo el importe total de la operación en 100 euros sólo va a tener efectos en hacienda no en la reducción de emisiones de CO2. A la gente que compra esos coches no le va de esos 100 euros. Y a alguien que se compra un coche de segunda mano puede afectarlo pero tampoco especialmente.

Otra cosa sería grabar los combustibles que más contaminan (diesel y gasolina por encima de los biocombustibles) y que cada litro tuviera un coste asociado en este concepto… O reducir el precio de los biodiesels. Aunque esta seguro que no procede.

Vía 20minutos.

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