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Las viviendas de protección oficial se pagan en parte con los impuestos de todos. Por ello aquellos que luego la venden están ganando un dinero que no les pertenece y haciendo un flaco favor a aquellos que no tienen fácil acceso a la vivienda.

Para las VPO construidas después de 2002 en el País Vasco ya no es posible venderlas a precio de mercado. Los compradores deben venderla a su precio máximo legal autorizado y a la hacienda vasca.

Sin embargo el resto de VPOs en el País Vasco aun pueden ser fruto de especulación por lo que el gobierno vasco va investigar los datos de escrituras y consumos de agua, etc del total de viviendas de protección oficial existentes allí, 50.000. Por lo pronto ha realizado 20.000 investigaciones resolviendo que en un 10% se han vendido o utilizado de manera fraudulenta. Se han desechado los casos dudosos o aquellos que no se podían demostrar.

Se trata de un proceso delicado que debe tener en cuenta situaciones como divorcios y otras circunstancias. Pero un procedimiento necesario y ejemplificador de lo que se debe hacer con un bien de primera necesidad con el que no se debe especular.

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