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Sigamos escandalizándonos con la segunda parte (ver primera parte) de la descarada obscenidad de la casta política, una breve recopilación de los datos más relevantes recogidos por el periodista Daniel Barros en su libro “la Casta, el chollo de ser político en España”, que expone con cifras y datos fiables y contrastables, las prebendas y privilegios a los que tiene acceso la clase política, con derechos que van mucho más allá de los límites impuestos por la ley y a los que no tienen acceso los ciudadanos comunes.

Dietas, ingresos, gastos de representación, gastos de desplazamientos, móviles, coches de lujo; en fin una vida llena de privilegios pagados todos ellos a cuenta de las arcas del estado; es decir de todos los ciudadanos que son el último eslabón de una cadena y en la que, además de pagar, tenemos el derecho de elegir “libremente” a sus caras más visibles.

Pero también hay una “cohorte” de personajes secundarios en esta comedia de horror, personajes que no salen en los periódicos, salvo cuando se destapan los casos de corrupción y que chupan del estado, algunos de ellos de forma vitalicia y que luego a la hora del retiro suman pensiones con ingresos de escándalo y a costa de todos los españoles, de segunda clase por supuesto.

Eso sin contar a sus familiares, descendientes y enchufados, que hacen que La Casta se perpetúe en un cerrado círculo en el que el acceso está regido por los apellidos… si es que las cosas no cambian.

Los “Informes”, aquello benditos comodines

Antes de ver los datos y cifras de algunos de los personajes más representativos de la clase política española, hablemos de otro aspecto que se ha convertido en una forma muy efectiva y disimulada para pagar favores políticos, favorecer a personas cercanas y en fin, es una suerte de cajón de sastre en el que todo cabe y son los “informes”.

Por ejemplo, la Generalitat de Catalunya ha pagado a precios que varían entre 12.000 y 30.000 euros un total de 1583 informes, los que no tienen ningún tipo de evaluación ni en cuanto a su finalidad ni contenidos, destacando títulos como: “Estudio y propuesta para desarrollo de un chat de la línea 900” “Diseño del parchís y puzzle de la casita de cartón recortable”.

Un ejemplo con nombre y apellido: La consejera de Acción Social de Esquerra Republicana de Catalunya adquirió un informe que la orientaba en cuanto a “cómo hablar con los ciudadanos en momentos de crisis”, además de darle pautas para el mejoramiento de su imagen y vocabulario para hacerlo entendible al gran público. Loable iniciativa cuyo importe fue de 30.000 euros, ideal para tiempos de crisis.

Los Alcaldes y Concejales, los más conocidos…

A propósito de la independencia con que parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos fijan el importe de su sueldo sin ningún tipo de control tenemos casos de escándalo como el Alcalde de Ricote, Murcia. Un pueblo de 1.300 habitantes y cuyo sueldo fue fijado en 40.000 euros al año y el famoso y conocido caso de la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe cuya nómina anual superaba al del presidente del gobierno; 84.462 euros anuales, además de otros privilegios propios de su cargo y condición.

Hablando de privilegios de cargo y condición, como no recordar a Rodrigo de Santos, ex concejal de Palma de Mallorca quien gastó con cargo a las tarjetas de crédito del ayuntamiento más de 50.000 euros en prostitutos y bares de encuentros. O en 2002 el caso del Alcalde de Dolores, un pueblo de Alicante quien junto a siete compañeros disfrutaron de un intenso encuentro en un bar de alterne de la localidad, con cargo… a las arcas municipales, por supuesto.

Pero estos son casos menores, de peones de La Casta, que tienen que ser denunciados por su “falta de probidad”, para dar la impresión que quienes abusan son castigados, pero no sabemos de ningún caso de diputados, senadores o altos cargos políticos procesados por hechos similares o de corrupción en mayor escala. Quizás el caso Gurtel, pero cuantos casos Gurtel existen y que jamás conoceremos?

Los derechos adquiridos…

Y luego tenemos casos que son vendidos como algo natural, como uno más de los derechos adquiridos por los miembros de La Casta, como el caso emblemático del actual Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el único jefe de estado de la Unión Europea cuyas vacaciones son a costa del erario público a un coste calculado en 200.000 euros las dos semanas. ¿Se habrán planteado este interesante punto a la hora de hablar de reducción de gastos y austeridad?

Y no le va en saga el actual Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, uno de los “Barones del PSOE” quien es dueño de una larga trayectoria política y que cada fin de mes ve en su cuenta ingresados alrededor de 13.856 euros sumando sus sueldo como diputado del gobierno y complementos, más 3.915 euros por conceptos de gastos de representación y 3.210 euros en una partida de libre disposición. Esto sin contar los ingresos extraordinarios previstos por ley para cubrir gastos “extras” en el cumplimiento de su función.

Otro de los notables servidores públicos que destaca Daniel Barros, paradójicamente es el de el ex Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el mismo que subió el salario mínimo interprofesional a 600 euros y que actualmente ingresa mensualmente 6.319 euros por su cargo de diputado y lo aumenta con el extra que le da el ser vocal de la Diputación Permanente, pero lo que es escandaloso de verdad es que durante 2009 haya percibido más de 120.000 euros provenientes del dinero público, sin que su trabajo se haya plasmado en iniciativa alguna, ni se tenga registro de ninguna intervención suya en el Congreso durante la actual legislatura.

Otro de los Barones históricos del PSOE es Manuel Chaves, que hábilmente ha sabido labrarse una sólida carrera política. Actualmente cobra 81.155 euros anuales por su cargo de ministro, más una indemnización de 46.000 euros al año por haber dejado la presidencia de la junta de Andalucía. Curiosamente no tiene problemas para percibir dos sueldos con cargo al tesoro público, ya que está previsto para altos cargos, pero en el caso de los ciudadanos comunes, la ley lo prohíbe tajantemente.

Leire Pajín, una de las más representativas mujeres de las nuevas generaciones que participan activamente en política. Después de ocho años de haber sido electa como la diputada de menor edad en España ha adquirido el derecho a una indemnización con cargo al tesoro público de 85.000 euros anuales. Y a los 33 años, nada mal verdad. A esto hay que sumarle sus ingresos de 3.126 euros mensuales como senadora, más otros 5.500 euros al mes por su labor en el PSOE, más otros 103.000 euros anuales más complementos que recibe por haber sido Secretaria de Estado de Cooperación. Mejor no hacer las cuentas.

El actual líder de la oposición, Mariano Rajoy sin contar otros complementos cada mes ingresa 8.996 euros. 3.126 por su escaño de diputado, más el complemento de 870 euros que reciben sus señorías en concepto de alojamiento y 5.000 euros más por su rol de presidente del PP; es decir, con el ingreso de un mes del Sr. Rajoy, en España una pensionista con cuatro cargas familiares debe subsistir durante dos años y medio.

Las pensiones…

En medio del debate que actualmente se ha suscitado por el grave problema de las pensiones públicas, cuyo fin es inminente y que cada día se oyen temas como aumento de la edad de jubilación a los 67 años y cotización mínima de 25 años para su acceso, es realmente vergonzoso como estos personajes han utilizado las leyes y las normas para su beneficio y todo esto, claro, con cargo al tesoro público, que es de todos a la hora de pagar.

No se sabe de ninguna iniciativa que proponga modificar el actual sistema que permite a los parlamentarios acceder a la pensión máxima con sólo 11 años de cotización, hecho que para el resto de los ciudadanos sólo está permitido en caso de haber cotizado 35 años.

Y esto no es todo, por ejemplo las personas que han sido ministros, tienen derecho a percibir una indemnización de 58.000 euros anuales durante dos años desde haber dejado el cargo y sin ningún tipo de incompatibilidad si perciben otros ingresos, ya sean públicos o privados. En la actualidad cuatro ex ministros que son diputados perciben su sueldo y complemento parlamentario además de la indemnización: José Antonio Alonso, Fernández Bermejo, María Antonia Trujillo y Jesús Caldera.

El ex presidente del Gobierno José María Aznar solicitó el sueldo vitalicio asignado para personas que han ejercido este alto cargo y cuyo importe es de 74.000 euros anuales, pero renunció a él, ya que no era compatible con su sueldo de alto cargo del grupo de medios de comunicación perteneciente a Rupert Murdoch, cuyo importe asciende a 220.000 euros anuales.

Después de dejar su cargo como número 1 del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato percibe una pensión de por vida proveniente de dicho organismo por un importe anual de 55.000 euros que, junto a su pensión como ex ministro en España le permitía en 2006 tener ingresos mensuales por 37.070 euros; es decir un ciudadano común debería cotizar durante 35 años para alcanzar la pensión más alta, que son 34.500 euros ANUALES!!!

El ex Presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol percibe anualmente 76.800 euros anuales por haber ejercido su cargo, importe que variará en 2014 para pasar a ser una pensión vitalicia de 57.600 euros anuales.

Y para los ex miembros del gobierno vasco las cosas tampoco están tan mal. Por ejemplo Juan José Ibarretxe, el ex Lehendakari percibirá con carácter vitalicio unos 45.000 euros anuales y lo mismo para todos quienes fueron parte de su gobierno. Cantidad muy superior al límite que fija la ley para la percepción de pensiones públicas.

Que cada uno saque sus propias conclusiones…. Pero desde luego esto, en lo personal, no es más que otra más de las profecías Orwellianas que se ha cumplido, La Rebelión en la Granja.

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Si bien el título en una primera lectura puede parecer fuerte y hasta chocante, me remito a la definición del término “obscenidad” publicado por la Real Academia Española de la Lengua en la acepción del término, definida como “que refleja su cualidad de obsceno” y a su vez el término obsceno como algo “ofensivo al pudor” y finalmente entendiendo el pudor como “honestidad, modestia, recato”.

Honestidad, modestia, recato y agrego decencia… Todas ellas virtudes y características totalmente ausentes en la clase política española, denominada “La Casta” por el periodista Daniel Montero en una investigación periodística plasmada en el libro “La Casta, El chollo de ser político en España”, en la que recorre el intrincado recoveco de prebendas y beneficios que goza la clase política, aquellos servidores públicos que una vez que acceden al poder se convierten automáticamente en miembros de un club de ciudadanos privilegiados, con derechos y beneficios que sin dudan no tienen otro calificativo que obscenos; especialmente en momentos de crisis como los que vivimos actualmente con cuatro millones de parados, el sistema de pensiones públicas colapsando y un gobierno de pandereta que nos ha convertido en el hazmerreír de Europa y del mundo.

Y esta Casta es numerosa, calculada en alrededor de 80.000 miembros; los suficientes para llenar un estadio como el Santiago Bernabeu y que se ha apoderado del estado como concepto de nación, pero no sólo eso, sino que además se van traspasando su permanencia de padres a hijos, en un cerrado círculo cuyo acceso está vedado para el común de los ciudadanos, cuya única participación es la de financiar con sus impuestos lujos, derroche, corrupción y reparto de poder a todos los niveles; desde la presidencia del gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos, parlamento europeo y todas las instancias que originalmente fueron creadas para preservar el bien común y el bienestar de la mayoría en su rol de “servidores públicos”.

No es de extrañar la situación que vive España al día de hoy y mucho menos imaginar una salida positiva a esta crisis, ya que mientras desde sus sagrados púlpitos de poder se nos indica que “debemos hacer un esfuerzo”, se aumentan los impuestos, se aumenta la edad para acceder a una pensión y con 1.200.000 familias con todos sus miembros en el paro, la Casta tenga sus propios derechos, derechos vedados para la gran mayoría de los españoles y con privilegios al margen de la ley, convirtiendo en papel mojado la carta magna que nos rige a los demás; la constitución de 1978 que dice “Todos los españoles son iguales ante la ley”, ya que ellos se han encargado de poner la letra pequeña: Todos los españoles son iguales ante la ley, menos los privilegiados de la casta política; aquella pequeña gran minoría de 80.000 miembros del club que han convertido en su forma de vida el enriquecerse a cuenta de los ciudadanos que dicen representar.

Y no se trata de un partido o una corriente en concreto, no señores…, es toda la Casta política en su conjunto, que hábilmente hacen su juego de buenos y malos en nombre de los ciudadanos y de quienes se acuerdan sólo en época de elecciones, algunos y otros que han sabido tejer hábilmente su red de operadores políticos y grupos de poder para apoltronarse de forma vitalicia en la comodidad de sus despachos, ajenos a la dramática realidad que se vive fuera, con ingresos y privilegios de libre acceso, sin ningún tipo de rendición de cuentas y chupando de la teta de un país que naufraga por la ineptitud de sus dirigentes.

Y la elocuencia de los datos expuestos por Daniel Montero es tal que asombra hasta al más incrédulo. En esta primera parte, veremos en términos generales los beneficios que goza la Casta política española:

¿Cuántos son sus miembros?

Para comenzar, los cargos políticos de alto rango en España son, sin contar los cargos en el Parlamento Europeo, en total 77.057; divididos en 650 diputados y senadores, 1.031 diputados provinciales, 1.206 parlamentarios pertenecientes a las comunidades autónomas, 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 139 responsables de cabildos y consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán.

¿Qué o quién controla sus gastos?

Estos 77.057 altos cargos no son controlados; es decir no existe en la administración pública un control ni un organismo que lleve un registro de todos los políticos españoles cuyos ingresos provengan del estado.

El gasto total de la Casta política es una información absolutamente desconocida y secreta, llegando al extremo que incluso el organismo del Parlamento europeo encargado de la lucha contra el fraude emite informes cuyo acceso está prohibido a los ciudadanos y al que sólo pueden acceder… los parlamentarios.

¿Cómo financian sus campañas?

La financiación de sus campañas es mayoritariamente financiada por los grandes bancos. De hecho, en las pasadas elecciones generales de 2008, de los 66.6 millones de euros, cantidad oficial, utilizados para tal fin, 44 millones de euros fueron aportados por la banca, a quienes los partidos políticos deben 144.8 millones de euros, sin que hayamos sabido ni de embargos ni demandas como ocurrió con las 60.000 familias que ese mismo año perdieron sus viviendas por no poder hacer frente al pago de la hipoteca.

¿Es incompatible la actividad política con otras actividades?

No existe ningún tipo de incompatibilidad entre el trabajo parlamentario o en cargos políticos y las actividades en la empresa privada. De hecho sólo el 33% de los miembros del congreso está dedicado en exclusiva a su trabajo parlamentario.

Además, la asistencia a su puesto de trabajo es un misterio, ya que no hay información oficial disponible sobre registros de asistencia a sus funciones de los cargos políticos.

¿Cuanto cuesta a las arcas públicas la Casta política?

Los ingresos que perciben los 80.000 miembros de la Casta política española cuestan al erario público español alrededor de 720 millones de euros al año. Además, los cargos electos en los parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos perciben un sueldo fijado por cada organismo, sin ningún tipo de control ni baremo, siendo muchas veces los mismos políticos quienes determinan el importe de sus nominas y complementos.

Y a propósito de complementos, en concepto de dietas, los parlamentarios cuya residencia no está situada en Madrid tienen derecho a recibir mensualmente -además de su sueldo- un complemento por un importe de 1.823 euros a mes para gastos de manutención y en el caso de los parlamentarios residentes en la capital, el importe es de 870 euros para gastos. Todas estas partidas, por supuesto, libres de impuestos.

El tema de los viajes y desplazamientos es otro tema interesante, ya que los diputados tienen libre acceso y con cargo al dinero público a viajes en avión, tren o barco, con un apartida especial para tal fin de 5 millones de euros al año.

Y en cuanto a la elección y libre acceso a coches oficiales está todo permitido para los miembros de la Casta, quienes se desplazan, ellos y sus familares, con cargo al dinero público en coches de lujo, preferentemente Audi, ya que14 de los 17 presidentes autonómicos los prefieren, lo mismo que el Alcalde de Madrid, quien se desplaza en un Audi A8 de casi 600.000 euros. Otros modelos de la Casta son los Volvo S80 y similares.

Anualmente los senadores disponen de una partida especial de 1.7 millones de euros para sus facturas de teléfonos sin rendir cuenta del tipo de llamadas y sus fines.

Y para acabar esta primera parte hablemos de otro pozo sin fin denominado elegantemente “Gastos de Representación” que no tiene límite legal alguno para comidas, cenas y otros eventos similares, lo mismo que no hay ni limitaciones ni auditorías a su señorías con respecto a sus compras de artículos de lujo como jamón, puros y cava, como tampoco tiene obligación de declarar los “regalos” que reciben en concepto de “reconocimientos y agradecimientos varios”.

Hasta aquí la primera parte de esta larga lista de abusos y descaro por parte de nuestros servidores públicos. En la segunda parte de esta entrega veremos los casos de sus exponentes más destacados con nombres y apellidos. Ver segunda parte.

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