Nada es perfecto, salvo probablemente Aznar… (modo ironía off). Pueden haber miles de fallos en una democracia. Mientras sean fallos involuntarios y se resuelvan no hay problema. Pero cuando se habla de fallos estructurales. De procedimientos oficiales de hacer las cosas mal uno está en su derecho a cabrearse.
Para empezar porque el dinero no es del estado, el dinero es de todos. Si tu le dejas un dinero a un amigo le preguntas que hará con él. Pues con la democracia española no tienes ese derecho.
Recientemente Access Info (organismo europeo para la transparéncia en las instituciones públicas) se dirigió a diversos Ministerios para realizar unas preguntas sencillas. Nada que comprometiera la seguridad nacional.
Preguntó cosas como inmuebles vendidos por defensa en 2007, tropas con traumas post conflictos bélicos, denuncias por discriminación en el ejército. Militares con amputaciones en Irak y Afganistán. Todas sin respuesta.
En el Ministerio de Cultura tampoco resolvieron preguntas sobre la SGAE pese a tutelar sus actividades.
El Ministerio de Justicia se negó a decir el coste de los alquileres de sus sedes. A regañadientes y con dos meses de retraso dió información de magistrados sancionados (41) pero exigió la identidad del demandante y el motivo de su interés (cosa que tratándose de lo público debería ser obvio e innecesario de requerir).
Y para acabar con los ejemplos, el Ministerio de Interior se negó a decir la cantidad de expulsados en España en estos últimos años.
En España se tarda de media unos 38 días en recibir una respuesta. Y eso cuando se dan, ya que solo se responden a un 22% de las peticiones de particulares.
A diferencia en otros países como en los nórdicos se tardan unas 48 horas de media en dar esas respuestas.
El reino de la impunidad basa uno de sus pilares en la desinformación. Si las cuentas fueran claras descolgarías el teléfono y recibirías respuesta a preguntas como cuanto cuestan los pisos de protección oficial que hay delante de casa, podrías comprobar si hay un sobreprecio del 3% o del 10% (pagado por el constructor al político de turno). España bajaría de un plumazo varios puestos en el ranking de países corruptos. El dinero se utilizaría para producir, circularía entre la gente que produce cosas y no acabaría engrosando los bolsillos de gentuza corrupta.
Además se conseguiría una cosa muy importante. La gente no se sentiría tan desligada de sus instituciones o de sus políticos. Se preocuparía por su municipio y se sentiría parte de las decisiones.
Claro que eso en algunos regimenes políticos no interesa mucho.
Quizás lo de las fosas de la guerra civil no es más que otro síntoma de que nos falta camino para dejar de ser una pseudodemocrácia.
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