El último informe sobre las pensiones afirma que su futuro está garantizado hasta el año 2029, aunque en el 2023 será necesario hacer uso del fondo de reserva si no se llevan a cabo reformas. No me centraré en la validez de estos informes, pero si quiero recordar que en otras ocasiones, estos y otros informes, habían augurado que antes del año 2009 ya no se podrían pagar las pensiones, cosa que no se ha dado, y eso que llevamos casi dos años con una de las crisis más destructivas de la historia contemporánea. Además, decirles a aquellos que ven urgente la reforma por la quiebra de la Seguridad Social, que ésta en el último año (2008) ha tenido un superávit del 0.8% en el PIB, a pesar del torrente que ha tenido que lidiar con el aumento de las prestaciones del paro; y que a día de hoy el superávit se sitúa en 5000 millones de euros. Así, no sé el motivo, pero cada vez que asoma la palabra reforma, aparecen algunos para intentar recortar derechos sociales y minar lo público, sobre todo en tiempos frágiles de crisis económicas. Quizás sea con el interés de aportar ideas que reviertan en la economía –en la de ellos claro. El problema no es la reforma en sí, que es necesaria, sino la unilateralidad ideológica para llevar a cabo esta reforma.
Esta polémica no es nueva, viene repitiéndose desde finales de los años setenta, siempre acompañada del discurso apocalíptico del fin de las pensiones. De esta manera, como no podía ser de otra forma, el contexto de la crisis ha quitado el polvo a una de las aspiraciones de los grandes grupos privados: el sistema público de pensiones. Las tesis que defienden la urgente reforma del sistema público de pensiones se fundamentan en las siguientes cuestiones, que se entremezclan y forman una unidad, pero que explicaré por separado para una mejor comprensión.
El incremento del porcentaje del PIB para cubrir las pensiones. En el año 2007 España tenía un gasto del 8,4%, y se calcula que para el 2060 éste llegará al 15,1%, lo que supondría recortar presupuesto para otros fines. Pues bien, como afirma el profesor Vicenç Navarro esto no significa que haya menos recursos para pensiones. Tomando el crecimiento que utiliza el Banco de España, 1,5%, habrá más recursos para las pensiones y todo lo demás. Un ejemplo, hace 50 años el porcentaje del PIB para pensiones era del 3%, hoy es más del doble y hay más recursos para el resto. Por no hablar que el porcentaje actual no llega ni a la media del gasto en pensiones de los 27 países miembros de la UE (12%); que es más bien reducido; y que ese 15,1 para el año 2060 que algunos consideran insostenible, lo rozan en la actualidad algunos países como Portugal (13%), Italia (14,7%) y Austria (14%); así que me pregunto, ¿de verdad España en el año 2060 no podrá soportar este peso?
El desequilibrio financiero por las alteraciones demográficas. Esto esconde algunas cuestiones. Primero, ¿quién ha dicho que las pensiones tienen que cubrirse únicamente a través de las cotizaciones? El Estado puede hacerse cargo a través de sus ingresos, otra cosa bien distinta, es el dictado del modelo neoliberal.
Segundo, como señala Juan Torres, no es suficiente para el desequilibrio, que aumente la tasa de dependencia, por los criterios demográficos, es decir la relación entre pensionistas y empleados, sino que, además, la relación entre pensionistas y población potencialmente activa debe ser mayor que la suma de la tasa de actividad (población activa/población potencialmente activa) más la tasa de empleo. Por lo tanto, la ruptura del equilibrio financiero vendría dada no sólo por el factor del envejecimiento, sino si se produce al mismo tiempo, una serie de cuestiones que no se analizan precisamente en los análisis que justifican las reformas (desempleo, precariedad…)
El aumento de la esperanza de vida. Excusa ideal para atar con la anterior. Como ha aumentado la esperanza de vida y el sistema de pensiones público fue pensado en una época anterior donde la gente vivía menos, pues claro, hay que adaptarse a los tiempos alargando la edad de jubilación. Lo que no explica semejante lógica, es que las clases sociales más vulnerables viven diez años menos, y que en España la edad de jubilación es de 62,5 años (de las más elevadas de la UE). Por tanto, esta medida perjudica sobre todo a las clases populares, pidiéndoles un esfuerzo de dos años más, o cinco si se llega a los 67 años que han puesto en marcha algunos países del entorno europeo. Esta última cuestión es más una medida para aumentar la edad real de jubilación que la legal. Por ello, las políticas tienen que ir en la dirección de adaptar la edad legal a la real, con el fin de evitar, las prejubilaciones como estrategias empresariales, que además de reducir las pensiones a muchas personas, cuyo objetivo son recortar plantilla y aumentar beneficios.
La extensión de estas cuestiones es vital para crear un pensamiento que permita “su” reforma ideal, cuyo objeto no es otro que, destrozar el actual sistema público de pensiones, para convertirlo en semi-privado. El dinero público no es cosa nostra sino nuestra.
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